08/08/2020

La violencia femicida crece al amparo del Estado chileno

El caso de Ámbar Cornejo
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En la mañana del jueves 6 se confirmó la peor noticia: encontraron los restos de Ámbar Cornejo, una adolescente de 16 años, que se encontraba desaparecida desde el 29 de julio. El terrible hallazgo se produjo en la localidad de Villa Alemana, en el domicilio que la madre de Ámbar compartía con Hugo Bustamante, su pareja, adonde la niña había acudido a buscar el dinero correspondiente a la cuota alimentaria que todos los meses le pasaba su padre y no volvió a ser vista desde entonces. Bustamante es el señalado por las autoridades como autor del femicidio por lo que fue detenido.

La confirmación del hallazgo de los restos de Ámbar generó una inmediata conmoción en todo Chile que se tradujo en nutridas movilizaciones, caceroleos y barricadas con epicentro en Santiago y Valparaíso. En Villa Alemana, las y los vecinos así como familiares y allegados de la joven se congregaron frente al cuartel donde fue trasladado Bustamante tras su detención y en las inmediaciones de la casa donde fue encontrado el cuerpo.

La indignación generalizada que provocó el femicidio de Ámbar se explica en primer lugar por el rol que ha jugado la justicia chilena en el caso. Resulta que Hugo Bustamante fue condenado por el doble homicidio de su  pareja y el hijo de ésta en el año 2005 a 27 años de cárcel. Este crimen es especialmente recordado por la sangre fría con la que actuó Bustamante al masacrarlos y luego ocultar los cuerpos. Pese a ello fue liberado en el 2016 cuando la pena finalizaba en el 2032 por tener “buena conducta”, contrariando informes de especialistas que advertían sobre su peligrosidad y desaconsejaban el otorgamiento de la libertad condicional. La jueza Silvana Donoso desoyó el informe pericial pero también eligió menospreciar las propias declaraciones de Bustamante que aseguraba ante las cámaras de televisión que de obtener la libertad “no podría decir que es imposible volver a vivir una situación parecida”.

El caso de Ámbar ahora, Antonia antes y las miles de víctimas que se cuentan, no solo deja en claro la responsabilidad de la justicia en los femicidios y las violaciones,  sino la responsabilidad del Estado en su conjunto, por el abandono en que se encuentran las mujeres en estado de vulnerabilidad, en especial las menores. Ámbar con sus 16 años estaba en total desamparo, viviendo con personas que se solidarizaron con su situación tras haber abandonado la vivienda que compartía con su madre y Bustamante justamente por la violencia que éste ejercía. Por esta razón no tardaron en llegar las críticas a las declaraciones del ministro vocero del gobierno, Jaime Bellolio, comunicando la decisión de que la intendencia de Valparaíso en nombre del gobierno se presentará como querellante en la causa. Estamos frente a una clara maniobra del gobierno de Sebastián Piñera para disimular la responsabilidad estatal en el caso.

Al gobierno y la oposición patronal no les interesa terminar con la violencia a la que estamos sometidas las mujeres trabajadoras, sino todo lo contrario. La apañan, reproducen e impulsan porque nuestro sometimiento es funcional a un régimen político que oprime a las mayorías populares en beneficio de un puñado de capitalistas. Con esa comprensión nos organizamos contra toda forma de violencia y para terminar con un Estado defensor de los intereses de la burguesía y que gobernemos las y los trabajadores.

Justicia por Ámbar, Antonia y todas las víctimas de violencia. Abajo el Estado opresor. Fuera Piñera. Asamblea constituyente libre y soberana.

 

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